Estos no son buenos días para estar dentro de la Casa de Gobierno. En la sede del poder, el clima está enrarecido. La temperatura subió a niveles impensados para una gestión que, en los papeles, debiera transitar sin contratiempos. La música funcional tampoco contribuye a cambiar los ánimos. Los autoconvocados de la salud siguen entonando cánticos contra las decisiones del gobernador José Alperovich. El camión de Bomberos, estacionado ayer a media cuadra del Palacio de Gobierno, es un signo de que algo está por estallar. O ya lo hizo, como fue el conflicto en el sector de la salud o, el más reciente, el caso Aguas del Aconquija.
Hay 170 millones de problemas, traducidos en dólares, que la Provincia debe pagar por una decisión tomada hace 13 años, como fue la rescisión del contrato con la prestataria del servicio de agua y cloacas de Tucumán en tiempos de Antonio Domingo Bussi. La noticia alteró los nervios en el gabinete. Hubo quienes reaccionaron airadamente, dentro de sus despachos, contra aquellos que tuvieron la responsabilidad de la decisión que hoy le cuesta al Estado una millonaria cifra que, con suerte, se puede pagar en amplias cuotas. Otros, en tanto, se lo tomaron con soda, porque de antemano presagiaban el final. En el medio de esto está Alperovich. El gobernador sabía que Tucumán podía llegar a perder en el laudo dictado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferendos Relativos a Inversiones (Ciadi), un organismo del Banco Mundial. Pero lo que no quería es que la decisión llegara durante su administración y justo antes de embarcarse en un proyecto de continuidad electoral. El laudo del tribunal es una mancha para la gestión, porque involucra la seguridad jurídica de una provincia que, según el Gobierno, está sobre rieles. Es la olla que se destapó de aquella vieja decisión bussista. Hasta que Alperovich explique el contexto político de a los inversores mucha agua pasará bajo el puente.
Hay varias estrategias que, desde la primera hora de ayer, se barajaron en el Poder Ejecutivo. Por un lado, si bien el laudo es inapelable, en la Fiscalía de Estado consideran que, a través de herramientas jurídicas (pidiendo "aclaratorias", por caso), la Provincia puede ganar tiempo para diferir -entre un año y un año y medio- el pago del millonario juicio. Otra alternativa es emitir un título público para absorber la deuda o bien utilizar la addenda acordada con la Nación en el marco del Plan de Desendeudamiento: pactar el pago del juicio a 10 años, con una tasa razonable, y a través de la cesión de coparticipación. En poco más de un mes, a Tucumán se le dio vuelta la torta en el aire. El 1 de julio, la Provincia bajó $ 488 millones de su deuda pública por efecto del programa promovido por la presidenta Cristina Kirchner. Con la decisión del Ciadi, la acreencia nacional será ahora de unos $ 700 millones. La independencia financiera del poder político centralista está más lejos que siempre. Y eso se afianza con otra de las estrategias del alperovichismo: levantar el tubo y pedirle a Néstor o a Cristina Kirchner que solucione el problema de una vez por todas. Este último plan no es tan descabellado: a los Kirchner le vendría bien utilizar ideológica y políticamente el apellido Bussi (que fue el que tomó la decisión de rescindir el contrato con Aguas del Aconquija) para potenciar el origen de la millonaria deuda tucumana. Sea cual fuere el plan que se elija, en definitiva, el juicio será absorbido por cada uno de los tucumanos porque, en economía, alguien debe pagar. "La provincia hoy no tiene dinero para pagarlo y hay que ver cómo se resuelve el tema, pero es un tema grave", se despachó ayer el mandatario ante la prensa.
Los une el espanto
Los ministros del gabinete se llamaron a silencio. Algunos habían amagado con apuntar sus críticas a los que originaron la nueva deuda. Eso no ocurrió. Alperovich les bajó línea. Chau críticas y también asados en la casa del gobernador. Desde hace algunos meses, los miembros del minigabinete almuerzan en algún restaurante del centro con la excusa de festejar cumpleaños. No son tantos, pero esas reuniones -más que sociales- tienen otro cariz: buscar la forma de coordinar políticas para que no ocurran otros cortocircuitos internos y quedar como trapecista sin red cuando estalla algún escándalo (léase el caso Funsal con el ministro de Salud, Pablo Yedlin, en la picota). La segunda reunión -fue el martes- mostró esa necesidad de unificar estrategias, según comentó uno de los comensales. Y a Yedlin, por caso, le sirvió para alertarse sobre algunos comentarios de pasillo, como el hecho de que estaba expuesto a una protesta a domicilio de los autoconvocados.
Los ánimos están caldeados en el poder. El gobernador no está para asados, ironiza un hombre de su confianza. A los ministros los une el espanto por el escenario que se avecina. En los alrededores del Palacio de Gobierno ayer hubo tensión con los autoconvocados gritando en la puerta. Tucumán es un inédito laboratorio en el que las aguas, en vez de aplacar, calientan el ambiente político y económico.
Hay 170 millones de problemas, traducidos en dólares, que la Provincia debe pagar por una decisión tomada hace 13 años, como fue la rescisión del contrato con la prestataria del servicio de agua y cloacas de Tucumán en tiempos de Antonio Domingo Bussi. La noticia alteró los nervios en el gabinete. Hubo quienes reaccionaron airadamente, dentro de sus despachos, contra aquellos que tuvieron la responsabilidad de la decisión que hoy le cuesta al Estado una millonaria cifra que, con suerte, se puede pagar en amplias cuotas. Otros, en tanto, se lo tomaron con soda, porque de antemano presagiaban el final. En el medio de esto está Alperovich. El gobernador sabía que Tucumán podía llegar a perder en el laudo dictado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferendos Relativos a Inversiones (Ciadi), un organismo del Banco Mundial. Pero lo que no quería es que la decisión llegara durante su administración y justo antes de embarcarse en un proyecto de continuidad electoral. El laudo del tribunal es una mancha para la gestión, porque involucra la seguridad jurídica de una provincia que, según el Gobierno, está sobre rieles. Es la olla que se destapó de aquella vieja decisión bussista. Hasta que Alperovich explique el contexto político de a los inversores mucha agua pasará bajo el puente.
Hay varias estrategias que, desde la primera hora de ayer, se barajaron en el Poder Ejecutivo. Por un lado, si bien el laudo es inapelable, en la Fiscalía de Estado consideran que, a través de herramientas jurídicas (pidiendo "aclaratorias", por caso), la Provincia puede ganar tiempo para diferir -entre un año y un año y medio- el pago del millonario juicio. Otra alternativa es emitir un título público para absorber la deuda o bien utilizar la addenda acordada con la Nación en el marco del Plan de Desendeudamiento: pactar el pago del juicio a 10 años, con una tasa razonable, y a través de la cesión de coparticipación. En poco más de un mes, a Tucumán se le dio vuelta la torta en el aire. El 1 de julio, la Provincia bajó $ 488 millones de su deuda pública por efecto del programa promovido por la presidenta Cristina Kirchner. Con la decisión del Ciadi, la acreencia nacional será ahora de unos $ 700 millones. La independencia financiera del poder político centralista está más lejos que siempre. Y eso se afianza con otra de las estrategias del alperovichismo: levantar el tubo y pedirle a Néstor o a Cristina Kirchner que solucione el problema de una vez por todas. Este último plan no es tan descabellado: a los Kirchner le vendría bien utilizar ideológica y políticamente el apellido Bussi (que fue el que tomó la decisión de rescindir el contrato con Aguas del Aconquija) para potenciar el origen de la millonaria deuda tucumana. Sea cual fuere el plan que se elija, en definitiva, el juicio será absorbido por cada uno de los tucumanos porque, en economía, alguien debe pagar. "La provincia hoy no tiene dinero para pagarlo y hay que ver cómo se resuelve el tema, pero es un tema grave", se despachó ayer el mandatario ante la prensa.
Los une el espanto
Los ministros del gabinete se llamaron a silencio. Algunos habían amagado con apuntar sus críticas a los que originaron la nueva deuda. Eso no ocurrió. Alperovich les bajó línea. Chau críticas y también asados en la casa del gobernador. Desde hace algunos meses, los miembros del minigabinete almuerzan en algún restaurante del centro con la excusa de festejar cumpleaños. No son tantos, pero esas reuniones -más que sociales- tienen otro cariz: buscar la forma de coordinar políticas para que no ocurran otros cortocircuitos internos y quedar como trapecista sin red cuando estalla algún escándalo (léase el caso Funsal con el ministro de Salud, Pablo Yedlin, en la picota). La segunda reunión -fue el martes- mostró esa necesidad de unificar estrategias, según comentó uno de los comensales. Y a Yedlin, por caso, le sirvió para alertarse sobre algunos comentarios de pasillo, como el hecho de que estaba expuesto a una protesta a domicilio de los autoconvocados.
Los ánimos están caldeados en el poder. El gobernador no está para asados, ironiza un hombre de su confianza. A los ministros los une el espanto por el escenario que se avecina. En los alrededores del Palacio de Gobierno ayer hubo tensión con los autoconvocados gritando en la puerta. Tucumán es un inédito laboratorio en el que las aguas, en vez de aplacar, calientan el ambiente político y económico.